LEY 18.033 - MUCHO QUE REPARAR
EL ESTADO DESTINA CASI 30 MILLONES DE PESOS MENSUALES
PARA PENSIONES DE EX PRESOS POLÍTICOS
El 12 de febrero vence el plazo para que los
presos políticos y los exiliados de la última
dictadura cívico-militar presenten su solicitud
de pensión especial, al amparo de la ley reparatoria
aprobada en octubre de 2006. Hasta
el momento, hay más de 8.000 solicitudes, y
de ellas aproximadamente 3.500 tuvieron respuesta,
informó a la diaria Adriana Xalambrí,
presidenta de la Comisión Especial para la aplicación
de la Ley por el Ministerio de Trabajo.
Cerca de 2.300 personas que de 1973 a 1985 fueron privadas de su libertad por la represión y otras que estuvieron exiliadas ya están cobrando la pensión especial reparatoria prevista en la ley 18.033, y aproximadamente 400 se jubilaron al amparo de la misma norma.
La pensión llega casi a trece mil pesos en el caso de los presos y a
siete mil en el de los exiliados, lo que multiplicado por la cantidad
de personas da una cifra aproximada de 30 millones de pesos, que
es lo que el Estado está destinando mensualmente a reparar las violaciones de los derechos humanos de la dictadura.
Esta cifra podría llegar al doble o más sobre fines de este año o principios del siguiente, cuando culmine el trabajo de la comisión.
Xalambrí indicó que quedan cerca de 4.500 expedientes para su
estudio este año, y que de ellos 1.500 ya están en trámite. Un 20%
de las solicitudes fueron rechazadas porque se evaluó que los interesados no tenían las condiciones exigidas, y otro 10% quedó excluido porque se trataba de pedidos presentados por
empleados públicos que ya recibieron compensaciones.
Baldemar Tarocco, de la Asociación de ex pres@s polític@s Crysol, consideró que "el resultado ha sido bueno para un montón de
compañeros", pero opinó que "no es un gran monto" el que se percibe,
y reclamó que la comisión incorpore más personal y equipos
para agilizar los trámites.
Que sí, que no
En tanto, Crysol aguarda que ingrese al Parlamento el proyecto de ley de reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado promovido por el grupo. Esa iniciativa contempla la indemnización, restitución al sistema jubilatorio, rehabilitación (asistencia en salud psíquica y física) y reparación moral de todas las víctimas, incluyendo las familias de
los directamente afectados.
Pero todavía es una incógnita qué posición adoptará al respecto la bancada frenteamplista, sobre todo teniendo en cuenta que existen
dos proyectos más con similar intención reparatoria. Uno de ellos fue elaborado por el senador socialista José Korzeniak, y el otro por
el Poder Ejecutivo, a partir de una iniciativa del diputado colorado
Daniel García Pintos. Este último es el único de los tres que ya ingresó al Parlamento.
En la Comisión de Constitución y Legislación del Senado existen visiones encontradas entre los frenteamplistas. Los senadores
Rafael Michelini (Nuevo Espacio) y Margarita Percovich (Vertiente Artiguista) son partidarios de apoyar el proyecto impulsado por
Crysol y redactado por el abogado Óscar López Goldaracena, pero otros legisladores no están tan convencidos. Korzeniak comentó que su proyecto y el de Crysol son "totalmente diferentes" y aseguró que "no tiene idea" de cuál se va a tratar efectivamente en el Parlamento.
Por otra parte, fuentes parlamentarias interpretaron que existe "resistencia" a tratar la iniciativa que impulsa Crysol porque "no se
entiende el tema de la reparación de las víctimas".
"En el tema derechos humanos estamos como en un pantano, y no hay mucho interés en ese proyecto. Me parece que el gobierno
tendría que tomar la iniciativa en este tema", opinaron las fuentes.
Natalia Uval - LA DIARIA
EL ESTADO DESTINA CASI 30 MILLONES DE PESOS MENSUALES
PARA PENSIONES DE EX PRESOS POLÍTICOS
El 12 de febrero vence el plazo para que los
presos políticos y los exiliados de la última
dictadura cívico-militar presenten su solicitud
de pensión especial, al amparo de la ley reparatoria
aprobada en octubre de 2006. Hasta
el momento, hay más de 8.000 solicitudes, y
de ellas aproximadamente 3.500 tuvieron respuesta,
informó a la diaria Adriana Xalambrí,
presidenta de la Comisión Especial para la aplicación
de la Ley por el Ministerio de Trabajo.
Cerca de 2.300 personas que de 1973 a 1985 fueron privadas de su libertad por la represión y otras que estuvieron exiliadas ya están cobrando la pensión especial reparatoria prevista en la ley 18.033, y aproximadamente 400 se jubilaron al amparo de la misma norma.
La pensión llega casi a trece mil pesos en el caso de los presos y a
siete mil en el de los exiliados, lo que multiplicado por la cantidad
de personas da una cifra aproximada de 30 millones de pesos, que
es lo que el Estado está destinando mensualmente a reparar las violaciones de los derechos humanos de la dictadura.
Esta cifra podría llegar al doble o más sobre fines de este año o principios del siguiente, cuando culmine el trabajo de la comisión.
Xalambrí indicó que quedan cerca de 4.500 expedientes para su
estudio este año, y que de ellos 1.500 ya están en trámite. Un 20%
de las solicitudes fueron rechazadas porque se evaluó que los interesados no tenían las condiciones exigidas, y otro 10% quedó excluido porque se trataba de pedidos presentados por
empleados públicos que ya recibieron compensaciones.
Baldemar Tarocco, de la Asociación de ex pres@s polític@s Crysol, consideró que "el resultado ha sido bueno para un montón de
compañeros", pero opinó que "no es un gran monto" el que se percibe,
y reclamó que la comisión incorpore más personal y equipos
para agilizar los trámites.
Que sí, que no
En tanto, Crysol aguarda que ingrese al Parlamento el proyecto de ley de reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado promovido por el grupo. Esa iniciativa contempla la indemnización, restitución al sistema jubilatorio, rehabilitación (asistencia en salud psíquica y física) y reparación moral de todas las víctimas, incluyendo las familias de
los directamente afectados.
Pero todavía es una incógnita qué posición adoptará al respecto la bancada frenteamplista, sobre todo teniendo en cuenta que existen
dos proyectos más con similar intención reparatoria. Uno de ellos fue elaborado por el senador socialista José Korzeniak, y el otro por
el Poder Ejecutivo, a partir de una iniciativa del diputado colorado
Daniel García Pintos. Este último es el único de los tres que ya ingresó al Parlamento.
En la Comisión de Constitución y Legislación del Senado existen visiones encontradas entre los frenteamplistas. Los senadores
Rafael Michelini (Nuevo Espacio) y Margarita Percovich (Vertiente Artiguista) son partidarios de apoyar el proyecto impulsado por
Crysol y redactado por el abogado Óscar López Goldaracena, pero otros legisladores no están tan convencidos. Korzeniak comentó que su proyecto y el de Crysol son "totalmente diferentes" y aseguró que "no tiene idea" de cuál se va a tratar efectivamente en el Parlamento.
Por otra parte, fuentes parlamentarias interpretaron que existe "resistencia" a tratar la iniciativa que impulsa Crysol porque "no se
entiende el tema de la reparación de las víctimas".
"En el tema derechos humanos estamos como en un pantano, y no hay mucho interés en ese proyecto. Me parece que el gobierno
tendría que tomar la iniciativa en este tema", opinaron las fuentes.
Natalia Uval - LA DIARIA
