Proyecto de ley de reparación integral
24 octrubre 2008
El gobierno enviará la semana próxima al Parlamento un proyecto de ley de reparación integral que admite la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.
Actualmente la iniciativa está a estudio del ministerio de Economía, que ajusta detalles acerca de cómo implementar las indemnizaciones y la cobertura médica prevista para las víctimas.
La norma a estudio del Ejecutivo reconoce la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 13 de junio de 1968 (fecha en la que el ex presidente Jorge Pacheco Areco decretó las medidas prontas de seguridad) y el 1º de marzo de 1985, cuando asumieron las autoridades constitucionales.
Fue elaborada por una comisión parlamentaria del Frente Amplio integrada por la senadora Margarita Percovich (Vertiente Artiguista) y los diputados José Luis Blasina (Partido Socialista), Diego Cánepa (Nuevo Espacio) y Daniela Paysée (Asamblea Uruguay), que tomó como insumo el proyecto de ley que había redactado el abogado Óscar López Goldaracena a pedido de la asociación de “ex pres@s polític@s Crysol”.
Se diferencia de otros articulados en que considera una reparación integral (no sólo a través de una indemnización sino de atención médica y psicológica, y del reconocimiento público), y que no abarca solamente a quienes estuvieron presos en ese período, sino además a los exiliados, clandestinos y a los familiares de las víctimas.
En cuanto a las indemnizaciones, se busca dejar claro que no son acumulables. Es decir, aquellos que ya cobran una pensión por la ley 18.033 por haber estado presos, clandestinos o exiliados entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985
no podrán cobrar otra.
Precisamente ése es uno de los puntos que está ajustando el Ministerio de Economía, definiendo montos, mecanismos y formas de pago. También se estudia cómo implementar la cobertura de salud prevista.
En principio se suponía que esta ley debía aprobarse 12 meses antes de las elecciones, es decir, antes del 25 de octubre, por tener que ver con presupuesto, pero el gobierno y la bancada oficialista afirman que no hay que cumplir con ese límite.
“Tenemos informes jurídicos que sustentan que una ley reparatoria no tiene las restricciones del artículo 229 de la Constitución”, afirmó Cánepa a la diaria.Crysol realizó el miércoles una concentración de tres horas frente al edificio anexo del Palacio Legislativo reclamando la aprobación de una ley integral.
“Estamos muy satisfechos de que vaya a haber un proyecto de ley y nos complace que no tenga que ser aprobado antes del 25 de octubre, pero no lo hemos visto todavía, no hemos sido consultados.
Aspiramos a que en todo caso pueda ser mejorado durante el tratamiento parlamentario”, manifestó a la diaria Gastón Grisoni, de Crysol.
Amnistía Internacional Sección Uruguay sacó ayer un comunicado en el que recomienda tener en cuenta “los puntos de vista de las víctimas sobre las formas de reparación que necesitan”. “Además de medidas de rehabilitación, indemnización y satisfacción, se recomienda un amplio abanico de reparaciones de otra índole”, agrega.
Sostiene que es necesario crear “un mecanismo efectivo de acceso a la verdad que contemple la verdad sobre todas las víctimas” y que el Estado uruguayo debe resarcirlas por las “graves violaciones de los derechos humanos”, e insta “a legisladores y legisladoras a dar pronto trámite a una legislación de reparación que cumpla con los deberes que el Estado uruguayo ha contraído en el plano nacional e internacional”.
Natalia Uval
Fuente: La Diaria del 24 de Octubre del 2008
